Las recientes investigaciones sobre la megaestafa inmobiliaria de Induplack han capturado la atención del público, dejando a más de 300 personas afectadas. Este caso se ha catalogado como el mayor escándalo criminal en la justicia nacional, lo que ha llevado a un seguimiento exhaustivo de los responsables.
En este contexto, cinco individuos han sido procesados con prisión preventiva. Entre ellos se encuentra Vito Antonio LAbbate, líder de la organización, junto a sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago LAbbate, así como su apoderado Patricio Flores. Todos están acusados de ser representantes legales de Induplack Fiduciaria S.A. y de haber formado parte de una estructura delictiva que operó desde 2012.
Detalles del proceso judicial
El 8 de abril, la justicia dictó la prisión preventiva para el clan LAbbate y Flores, imputándolos por asociación ilícita y estafas reiteradas. A pesar de los intentos de defensa por parte de los acusados para obtener su libertad bajo vigilancia domiciliaria, la fiscalía, liderada por la Dra. Mónica Cuñarro, se opuso firmemente, lo que llevó a la jueza Paula González a rechazar el pedido.
Los acusados han intentado desestimar la idea de una organización criminal, alegando conflictos internos. Sin embargo, la fiscalía ha dejado claro que los problemas personales entre los imputados no tienen validez en el contexto judicial.
Funcionamiento de la estafa inmobiliaria
Los compradores de propiedades se comprometían a adquirir unidades funcionales mediante contratos que incluían plazos de entrega y condiciones de escritura. Induplack S.A. se beneficiaba al recibir pagos anticipados de los compradores, quienes confiaban en que sus inversiones se destinarían a la finalización de las obras.
Sin embargo, muchos de estos proyectos nunca llegaron a completarse. En algunos casos, las construcciones ni siquiera comenzaron, y en otros, se descubrió que ciertos departamentos fueron vendidos a múltiples compradores. Este esquema permitió a Induplack obtener financiamiento a expensas de los derechos de los inversores, quienes no pudieron obtener la posesión de las propiedades.
Impacto y seguimiento del caso
La situación ha generado una ola de denuncias, con más de 100 nuevas quejas recientes que han ampliado la investigación. La fiscalía está trabajando arduamente para asegurarse de que se haga justicia y se resarzan los daños a los afectados por esta estafa. El enfoque está en desmantelar la estructura que permitió estas fraudulentas actividades, con el fin de proteger a futuros inversores de caer en engaños similares.
La situación sigue evolucionando y es fundamental que los afectados se mantengan informados sobre el avance de la investigación y sus derechos. La justicia tiene un papel crucial en la recuperación de las pérdidas y en la prevención de futuros fraudes inmobiliarios.
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